Intentos de reforma educativa entre dictaduras

El breve gobierno de Carlos Herrera (1920 – 1921) buscó mejorar la situación económica de los maestros y creó una Escuela Normal de Indígenas, la cual inició su ciclo con cien alumnos becados, retomando la costumbre de los gobiernos liberales del siglo anterior de otorgar becas de estudio. Juan José Arévalo, recuerda en su obra La Inquietud Normalista: “cuando se iniciaron los cursos escolares de 1921, el Instituto Nacional Central de Varones volvió a su antiguo claustro de la Novena Avenida, ya refaccionado, y el edificio del extinto Liceo de Señoritas Joaquina se destinó para la Escuela Normal Central de Varones, que así renacía, después de tres años de interrupción. A mediados de enero se abrieron a los estudiantes las puertas y fue ocupado desde comienzos del mes por servidumbre y personal administrativo. El primer alumno que penetró en esta Normal de la segunda época fui yo, portador de una beca que mi padre gestionó”.

José María Orellana (1921 – 1926) celebró el Congreso Pedagógico de 1923 y creó la Escuela Normal de Preceptores. El Congreso Pedagógico fue convocado para discutir la situación de los maestros, principalmente la necesidad de capacitar a los maestros empíricos, que eran la mayoría de maestros del país (sólo 15% de los maestros eran titulados), y se propuso renovar los planes de estudio de la escuela primaria y las normales. Se hizo énfasis en la educación cívica, propia de los gobiernos liberales y en la creación de la Escuela Normal Superior con cursos de especialización en Fisiología, Física y Química, Cultura Física y Ciencias políticas y Sociales, cuyo programa tenían una duración de un año. La Escuela Normal de Preceptores sustituyó a la Escuela Normal de Indígenas que Herrera había creado y en 1931 se convertiría en la Escuela Normal para Maestros Rurales.

La tesis de Tesis de Miguel Ángel Asturias (1923) refleja la renovada preocupación de la época por la educación del indígena, vista como una función civilizadora y necesaria para la integración de la población rural al sistema educativo y político, que para entonces no contemplaba responder a sus necesidades puntuales ni su imaginario cultural, sino unificar y centralizar la educación de todo el país. Esta iniciativa, de carácter positivista, había sido discutida en el Congreso Pedagógico Centroamericano de 1893 y retomada por el Congreso Pedagógico de 1923. “La escuela es donde debe principiarse la campaña nacionalista, una de cuyas bases es la identidad de idioma. La educación de los adultos también debe emprenderse la tarea a este fin, perseguirá preparar al indio para una más sana comprensión de sus relaciones sociales, combatir sus supersticiones sin herirle, darle nuevos medios de cultivo y hacerle tomar conocimiento de sus derechos de ciudadano, de las obligaciones correlativas y del aseo personal que tan descuidado existe, entre ellos. Puede que la educación nos salve del peligro, sin embargo, siempre dentro de un terreno optimista, pienso que no es bastante medicamento para nuestro mal”[1], escribió Asturias.

Fue durante esta época que un grupo de estudiantes universitarios, preocupados por la falta de educación y los altos niveles de analfabetismo, y entre los que se encontraba Miguel Ángel Asturias, creó la Universidad Popular. Estos estudiantes impartían clases nocturnas a obreros y jóvenes trabajadores. En 1922 los estatutos de esta universidad fueron aprobados por la Secretaría de Instrucción Pública, otorgándoles una subvención para su funcionamiento y autorizando que se impartieran clases en los edificios de las escuelas públicas. Fue en 1923 que la Secretaría de Instrucción pública se convirtió en el Ministerio de Educación Pública, otorgando becas para estudiar en el extranjero a maestros que más adelante volvieron a trabajar en el ministerio y dando clases.

La educación superior, si bien los mismos estudiantes universitarios tenían iniciativas como la anteriormente mencionada y daban muestras de entusiasmo y motivación sobre el tema de la educación no sólo propia sino del país, seguía siendo limitada en cuanto a sus disciplinas de enseñanza. “Guatemala por entonces no prometía muchas salidas (…). No teníamos estudios literarios en la Universidad, no estudios superiores de Pedagogía. Lo que más se parecía a lo deseado era la Escuela de Derecho, cuyos viejos planes ofrecían un curso de Filosofía del Derecho, otro de Sociología y otro de Literatura General”, escribió Juan José Arévalo[2]. Se había buscado reformar el sistema educativo y los programas de enseñanza y el tema si bien tratado a profundidad en el Congreso de 1923, no había podido resolverse, así como tampoco mejorar la situación de los maestros. “La asignatura Derecho Civil no dejó huellas en nosotros, a pesar de que el profesor era discreto: la materia, de suyo insípida, monótona, con enormes exigencias memorísticas. Derecho Constitucional, con un profesor que confrontaba visibles dificultades expresivas, nos resultaba, sin embargo, más enjundiosa”, hacía memoria el Doctor Arévalo.

En 1922 José María Orellana dio muestras de tener un carácter más cercano al de sus antecesores liberales de fin de siglo que al de Estrada Cabrera con su actitud ante el clero. Este último, acostumbrado como estaba a tener incidencia directa en la política del país, quiso intervenir en el nuevo gobierno a lo que el Presidente respondió con abiertas acusaciones de que el clero intentaba acabar con las costumbres locales, causando intranquilidad, terminando este altercado en la expulsión del Arzobispo Luis Javier Muñoz y Capurón y de varios miembros de su personal, entre ellos el futuro Arzobispo Mariano Rossell Arellano. Del lado de éstos se aprovechó a expulsar también a todos los jesuitas y los sacerdotes extranjeros que habían llegado al país desde principios de siglo, retomando segmentos de la reglamentación de la época de la Reforma Liberal. Estas medidas, sin embargo, colaboraron con la impopularidad del Presidente entre gran parte del pueblo, principalmente entre las mujeres, que seguía siendo primordialmente católico y defendía a la Iglesia. Sin embargo los esfuerzos de defender al Arzobispo y lograr su retorno fueron inútiles y no se lograron hasta después de la muerte de Orellana.

A finales de 1925 Juan José Arévalo fue nombrado jefe del Almacén Escolar y con la ayuda de Luis Martínez Mont, secretario de la Dirección general de Educación Primaria, desarrolló un Proyecto de Reforma del Plan de Estudios para el Magisterio, en el que los estudios se organizaban por semestres. El ministro, sin embargo, al revisar la propuesta dijo no estar convencido del calendario semestral y por tal razón quedó en pausa pidiéndoles en cambio que prestaran su apoyo a la Sección Técnica en la reforma de su programa.

El gobierno de Lázaro Chacón (1926 – 1930) sugería desde el inicio prácticas más democráticas que los gobiernos anteriores, entre las que se concedió la libertad de prensa, aún censurada desde que la Ley Pavón. Sin embargo los problemas económicos se siguieron profundizando y se generó un descontento político que provocó que la democracia se acabara restringiendo.

Se crearon, en medio de ese pequeño cisma político, la Dirección General y el Consejo Nacional de Educación, mientras que se emitió la Ley Orgánica y Reglamentaria del Personal Docente de la República con la intención de solventar la mala situación económica de los maestros, ley que fue aprobada en 1927. Sin embargo la ley no se aplicó, como sucedió con la mayoría de las reformas educativas hechas en los años anteriores, dejando a los maestros en la misma nefasta situación. Esto mantuvo la mala calidad docente y la falta de compromiso pues no hay vocación ni motivación cuando prepondera la preocupación por cubrir los gastos personales básicos.

Ese mismo año, Lázaro Chacón declaró el “Método Nacional para Aprender Simultáneamente Dibujo, Lectura y Escritura” de Juan José Arévalo texto oficial en las Escuelas Públicas del país, haciendo el acuerdo de comprar cinco mil ejemplares, esto tras haber recibido adulaciones de parte de importantes educadores y periodistas[3]. Este texto proponía una nueva metodología de aprendizaje para el nivel primario que, sin embargo, no tenía la capacidad de resolver muchos de los problemas del sistema que en su mayor parte tenían que ver con lo organizativo.

Para ello se convocó a un nuevo Congreso Pedagógico, a celebrarse en noviembre de 1929, lo que mostraba que los problemas que se habían querido abordar en el de 1923 seguían vigentes. Se invitó al magisterio del país y se trataron prácticamente todos los problemas educativos del momento, como los planes y programas de las escuelas normales integrales, de preceptores, de maestras para párvulos, de la Normal Superior, de los institutos de secundaria, de la Escuela de Comercio y de las escuelas primarias, urbanas y rurales. Las discusiones sostenidas en el Congreso fueron documentadas por el gobierno con la intención de que las resoluciones se pusieran en práctica en el ciclo escolar por iniciarse. De este modo, se estableció realizar un gran número de reformas[4] que en muchos casos no llegarían a realizarse.

Estas iniciativas parecen necesarias para la mejora educativa nacional e históricamente pueden reflejar un interés serio en el tema pero lastimosamente éste como otros gobiernos dejó de lado aspectos centrales a la hora de proponer reformas como tomar en cuenta las características del estudiantado, la cultura y las necesidades de un grupo objetivo variado y complejo, que incluía al área rural, cuyos métodos de enseñanza no podían ser exactamente los mismos que en el área urbana por su idioma y diferencias culturales. La calidad de los maestros tampoco logró mejorarse y la situación empeoró al posponerse indefinidamente el propósito de transformación con la renuncia del ministro de educación Abraham Cabrera. La iniciativa de la creación de las Escuelas de Maestros Rurales, que hubiera podido atender al estudiantado rural de manera un tanto más acorde, tendría que esperar quince años más pues el presidente Jorge Ubico clausuraría las escuelas de preceptores en 1932, eliminando toda iniciativa similar del presupuesto de la nación.

En enero de 1929 estalló la revolución de Occidente, encabezada por el Coronel Baudilio Santos y los jefes políticos de Quetzaltenango y Suchitepéquez, quienes fueron derrotados en Mazatenango. Poco más adelante, las repercusiones de la Crisis del 29, que explotó en los Estados Unido, llevaron al gobierno de Chacón a una encrucijada que terminó con lo que parece haber sido un derrame cerebral del Presidente.

[1] Miguel Ángel Asturias. Sociología Guatemalteca: El problema social del indio. Tesis. 1923

[2] Juan José Arévalo. La Inquietud Normalista. Editorial Académica Centroamericana. Guatemala, 1980. Pp. 163 – 64

[3] Juan José Arévalo. La Inquietud Normalista. Editorial Académica Centroamericana. Guatemala, 1980. P. 347

[4] Carlos González Orellana. Historia de la Educación en Guatemala. Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. Sexta Edición. Guatemala, 2007. P. 280